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Los cuadernos , de la corrupcion ..-

La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un acuerdo muy definido y además vinculante entre 40 países que la firmaron, entre ellos Argentina: dice que los estados firmantes acuerdan establecer como delito el cohecho de un servidor público extranjero en su legislación nacional e implementar políticas efectivas para evitar, detectar, investigar y sancionar el cohecho internacional.

“La Convención Anticohecho de la OCDE es el primer y único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado “oferente” de la corrupción, es decir la persona o entidad que ofrece, promete u otorga una dádiva”, se afirma. Por eso, en ámbitos jurídicos no deja de llamar la atención el silencio en otros países firmantes de la Convención. De mínima, señalan las empresas o los tribunales de esos países podrían estar abriendo una investigación en virtud de esos acuerdos establecidos en la Convención. 

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“Tené en cuenta que la mayoría de loa países de la OCDE están en el hemisferio Norte y el mes de agosto en USA, Canadá y UE es como nuestro mes de enero. Están todos de ferias hasta comienzos de septiembre”, dijo un funcionario  del ministerio de Hacienda consultado por Clarín. “Este tema debería tener un impacto en las multinacionales de países de la OCDE -con filiales en Argentina- que están obligados a luchar contra el cohecho de acuerdo a la normativa de la OCDE”, agregó.

Argentina está  intentando hacer todos los “deberes” para entrar de una vez por todas a la OCDE. Pero ya había firmado la Convención en 1997, cuando bajó el gobierno de Carlos Menem hubo un primer intento de entrar a este club de 36 países en el que se autosupervisan sus cuentas públicas con rigor.  Ahora, el Gobierno se encuentra en pleno camino para cumplir con gran parte de las observaciones -le llaman “recomendaciones”- que se le hicieron entre 2014 y 2016 para mejorar su calificación en materia antisoborno. De ahí que, como ya señaló este diario la Oficina Anticorrupción reclamó a todos los organismos del Estado que cumplan con la normativa.

Lo cierto es que la mayoría de las empresas cruzadas directamente por el caso destapado en la trama de los “cuadernos de la corrupción” están asociadas directamente a países firmantes de la Convención antisobornos de la OCDE. Tal el caso de Isolux Corsán SA,que tiene sede en España. O Techint con ramificaciones en Estados Unidos -y donde cotiza en la bolsa- y numerosos otros países, donde no se conoce pronunciamiento alguno por la trama de los cuadernos, hasta el momento. Y aunque China no es firmante de la Convención de la OCDE, el gigante asiático ya tiene legislaciones propias que sancionan a sus funcionarios y empresarios que participen hechos de corrupción. El contacto de los chinos aquí es con la obra pública y el Gloriagate afecta a dos de sus grandes beneficiarios: al dueño de Electroigeniería, Gerardo Ferreyra -a quienes le fueron concedidas como contratista pare de las represas en Santa Cruz ahora en cuestión- , y a Carlos Wagner, de la Cámara de la construcción que con Esuco fue uno de los empresarios favoritos de los Kirhcner y trabajó en la estación lunar de Nequén hasta que los propios chinos quisieron romper contrato por sus incumplimientos.

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Hay algunas investigaciones en marcha que en algún momento se unirán. Por ejemplo, la empresa IECSA, del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, logró varios contratos durante la administración kirchnerista, entre ellos el cuestionado soterramiento del tren Sarmiento donde estaban asociados con la constructora brasileña Odebrecht. En junio pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó un allanamiento tanto a Odebrecht Argentina, como a IECSA y Ghella, la empresa italiana que es su socia. Pero desde su país de origen no se conoce comentario alguno.

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