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La nociva norma politica , que incuba nuestro Pais ..-

Durante los últimos 45 años, y bajo diferentes gobiernos de muy distintas (declamaciones de) preferencias ideológicas, hemos atravesado cinco grandes crisis económicas de diversas cuantías. Todas ellas con un común origen en los continuos déficits de las cuentas del sector público y en los mecanismos elegidos para su financiamiento: los excesos de emisión monetaria o los excesos de deuda externa e interna.

Desde fines del pasado mes de abril de este año nos encontramos transitando una nueva crisis. Que comenzó como una importante y prolongada corrida cambiaria, una generalizada huida del peso, pero que de “tormenta” derivó en una muy compleja pérdida de la confianza de los acreedores, tanto externos como internos, acerca de la efectiva capacidad del pago de las deudas contraídas por nuestro sector público.

Situación esta que, inevitablemente, cortó de súbito el siempre necesario crédito también al sector privado argentino, paralizando la actividad económica. Contribuyeron a ello tanto las amenazas externas que se concretaron como las estructurales e históricas debilidades internas, que los errores propios acentuaron.

Pero todas las crisis son los sucesivos eslabones de una continua decadencia. Todas fueron incubadas previamente y, pese a los similares síntomas presentados en sus fases previas, en ningún caso operaron los mecanismos institucionales preventivos, que disponen las prudentes normas técnicas de las buenas prácticas de la administración financiera de las cuentas públicas.

Es más, estas fueron sistemáticamente desestimadas, cuando no avasalladas, mediante reformas de estatutos responsables, bajo los ambiguos argumentos de los denominados “criterios políticos”, nunca consistentes pero siempre bajo un eslogan patriótico, pero en realidad oportunista, con discursos distintos solo según los circunstanciales roles de oficialismo u oposición, más que partidarios o ideológicos.

Así ocurrió en el año 1975 con el importante incremento de las tarifas de los servicios públicos, pues, de otra manera, los sistemas de los transportes, de las comunicaciones y de la energía se paralizaban; además de la fuerte devaluación simultánea de un peso sobrevaluado. Lo llevó a cabo el ministro Rodrigo mediante las medidas recordadas como “el rodrigazo”, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón.

Pero ello fue solo la inevitable consecuencia del anterior plan, llamado de “inflación cero”, del ministro José Ber Gelbard, que, en realidad, solo consistía en financiar un creciente déficit fiscal con una simultánea mayor emisión monetaria, junto a un rígido control de los precios y de los salarios, aplicado durante la última presidencia de Juan Domingo Perón, desde el año 1973 hasta su muerte, en el siguiente año 1974.

Poco después, el programa económico sustentado en la denominada “tablita”, que establecía la pauta futura de la devaluación del peso, del ministro José Alfredo Martínez de Hoz durante los gobiernos militares de la segunda mitad de la década de los años 1970, consistía en más deuda externa para financiar el continuamente creciente déficit fiscal.

Ello derivó en las sucesivas y desordenadas, pero otra vez urgentes e imprescindibles, devaluaciones establecidas en el año 1981 por el ministro Lorenzo Sigaut, aún bajo gobierno militar, recordado por su declaración de “el que apuesta al dólar pierde”.

Después surgió, ya en democracia, el plan Austral implementado en el año 1985 por el ministro Juan Vital Sourrouille bajo la presidencia de Raúl Alfonsín que, si bien desactivó exitosamente las fuertes expectativas negativas de las inercias inflacionarias, necesitaba para ello utilizar las reservas del Banco Central.

Otra vez, por inconsistencias entre una política monetaria relativamente restrictiva y una simultánea política fiscal expansiva, se derivó luego en el plan llamado Austral II, de una renovada emisión monetaria, y poco después en el plan denominado “primavera”, durante los años 1986 y 1987, que, a su vez, culminó en la grave hiperinflación de los años 1989 y 1990.

En los años 2001 y 2002 ocurrió otra muy grave crisis, la del traumático final de una ya excesivamente forzada caja de conversión, llamada genéricamente “convertibilidad”. Otra vez, inconsistencias de la política monetaria y la fiscal, otra vez el dólar atrasado y un exceso de deuda externa. Una fuerte devaluación del +200% del peso y a comenzar de nuevo.

Cuando se agotó la genuina reactivación económica iniciada en el año 2003, durante un prolongado contexto externo muy favorable, de tasas de interés cuasi nulas y extraordinarios precios de nuestros productos exportables, acudimos nuevamente desde el año 2008 a la emisión monetaria, primero, y al uso de todas las reservas disponibles, después.

Cuando los límites se mostraron muy rígidos, recurrimos a los controles comerciales y cambiarios, los llamados “cepos” y luego a las múltiples restricciones, ingresando así, desde el año 2011, en un estancamiento del crecimiento y, simultáneamente, en una creciente inflación real, detrás de las distorsionadas estadísticas oficiales.

La incubación de la actual crisis ya había comenzado. Probablemente, solo se logró postergarla algunos años con el cambio gradual iniciado a principios del año 2016. La regla general, que aplica y recorre los 45 años desde 1973y las seis graves crisis acumuladas desde entonces, fue la de incrementar los gastos públicos corrientes en los ciclos de las bonanzas y de recortar las inversiones públicas de capital en los ciclos desfavorables.

Los primeros son mayoritariamente improductivos y muy inflexibles a la baja, y los segundos, pese a ser complementarios estructurales del desarrollo, son los menos resistidos en los referidos “términos políticos” domésticos. Esta nociva regla política predominante local resulta así, en realidad, lapidaria con el progreso nacional. La escasa tasa de crecimiento económico de Argentina en el largo plazo lo verifica.

Pese a que la presión fiscal se incrementó del 16% hace 45 años a casi el 40% del PIB actualmente, el gasto público creció siempre aún más, pero el déficit fiscal resultante, que es necesario para hacer colapsar a los sucesivos planes económicos, va disminuyendo. El rodrigazo y el final de la tablita necesitaron del 12% del PIB de déficit fiscal para su ocurrencia; la hiperinflación y la caída de la convertibilidad se desataron con el 8% del PIB de desequilibrio y actualmente el 6% de déficit fiscal ya resulta la cuantía detonante de una grave crisis.

Es muy probable que la próxima crisis, de continuar con nuestra nociva conducta, se dispare con solo el 4% del PIB de déficit fiscal. El Estado argentino, bajo el paradigma de la referida pésima regla política general, tendrá cada vez menos crédito, tanto externo como interno, para financiar a sus desequilibrios.

Este “modo argentino” de gasto público ha roto definitivamente con la histórica regla fundamental del progresismo: aplicado así el gasto público, no solo no es más anti-crisis, sino que en realidad resulta siempre pro-crisis y el déficit fiscal derivado no resulta anticíclico sino anti-reactivación, en un sentido absolutamente contrario al moderno rol del sector público en el cada vez más amplio mundo que se desarrolla, se proclame este como capitalista o como progresista.

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